Hay mucha gente de buena fe convencida de que los “debates” televisivos entre candidatos presidenciales son necesarios e ineludibles para la formación cívica de las/los ciudadanas/os y la exposición de “propuestas” para solucionar los problemas de la sociedad.

Semejante argumentación es muy respetable pero puede ser una trampa. El espectáculo televisivo y el derecho al entretenimiento y la recreación mediante la discusión sobre las más infinitas temáticas que cada persona tenga ganas, no tienen nada que ver con la calidad democrática. 

Sin embargo, a fines de 2016 el oficialismo cambiemita -con la complicidad del peronismo opo-oficialista- sancionó una ley que establece la “obligatoriedad de debates preelectorales públicos entre candidatos a presidente de la Nación, con la finalidad de dar a conocer y debatir ante el electorado las plataformas electorales de los partidos, frentes o agrupaciones políticas”. (La norma lleva el número 27.227 y en el sitio oficial de información legislativa InfoLeg se accede al texto completo de la ley). 

Se trata de una disposición legal implantada en pleno apogeo del clima ideológico de la derecha, que vivía su jolgorio y su momento de éxtasis tras haber ganado por primera vez en la historia argentina un proceso de elecciones libres y consagrado a Mauricio Macri como presidente de la Nación. Este último llevaba poco menos de un año en el poder y el país avanzaba hacia el derrumbe nacional, pero todavía faltaba mucho para que una mayoría de la población tuviera evidencias de ello.

Por imperio de esa ley, el mes próximo se realizarán dos debates. Tendrán lugar, respectivamente, cuando estén faltando dos semanas y una semana para el día del comicio. Serán los domingos 13 y 20 de octubre, mientras que la votación tendrá lugar el 27. 

Participarán los seis candidatos que en las primarias superaron el porcentaje de votos (1,5 % de los votos válidos) exigido legalmente para competir en la elección general: Mauricio Macri (Juntos por el Cambio); Alberto Fernández (Frente de Todos); Roberto Lavagna (Consenso Federal); Nicolás del Caño (Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad); José Luis Espert (Frente Unite por la Libertad y la Dignidad); y Juan José Gómez Centurión (Frente de Nos). 

La organización, también porque así lo establece la mencionada norma, está a cargo de la Cámara Nacional Electoral (CNE). La estructuración en bloques, contenidos a abordar, quiénes serán moderadores/as etc., se encuentra todavía en etapa de discusión y negociaciones. (El tribunal acaba de lanzar un sitio web donde se publica la información respectiva: debate.electoral.gob.ar). 

Candidatos, avances, “propuestas”

La ley antes referida establece para el “debate presidencial” algunos avances respecto de los realizados en los años anteriores, y en particular del más recordado: el que tuvo lugar entre Mauricio Macri y Daniel Scioli previo al balotaje 2015.

La novedad más auspiciosa es que una de las dos veces se debe realizar fuera de la Capital Federal (en esta ocasión se hará en la ciudad de Santa Fe, en la sede de la Universidad Nacional del Litoral). Ello tiene un valor simbólico trascendente en un país donde el centralismo comunicacional porteño es atroz, y sirve para refrescar en el imaginario social que Argentina también existe más allá de Buenos Aires.

En similar sentido, y aunque no está obligado por la ley sino que así lo estableció el tribunal a cargo de la organización, en cada ocasión participará como moderador/a un/una profesional del periodismo que ejerza en una provincia y no de la capital del país. 

Si el/la restante moderador/a no fuera el agitador ideológico del Grupo Clarín Marcelo Bonelli, significaría también otro avance. Pero eso está por verse: la dirigencia política generalmente se prosterna ante el temible conglomerado empresarial mediático, que difícilmente acepte no marcar presencia con uno/a de sus empleados/as.

Los “debates presidenciales” del mes próximo serán convenientes para los cuatro postulantes que secundaron en las primarias a los dos competidores más importantes. Esos cuatro son el ex ministro Lavagna, el militante de izquierda Del Caño, y los dos que buscan emerger desde la ultraderecha: el vocero del extremismo económico capitalista Espert (quien se define como “liberal”), y el ex militar sedicioso Centurión, representante de la extrema derecha militarista, policíaca, anti-feminista y evangélica.

Sin embargo, como se ha demostrado desde hace más de dos décadas y media -en 1996-, cuando el multimillonario empresario Mauricio Macri se propuso como presidente del club Boca Juniors para iniciar desde allí una carrera política que lo llevara algún día a la presidencia de la Nación, nadie mejor que la derecha multimillonaria e híper-marketinizada para manejar los artificios de la imagen política y la manipulación de la opinión pública.

El trasfondo del formato audiovisual masivo no apunta a captar el voto con “propuestas” -como dice el discurso tramposo y justificador- sino con los más sofisticados recursos de acción psicológica sobre las masas. 

Un ejemplo esclarecedor fue puntualizado días atrás por un periodista del diario Clarín: “Antes de cada debate, el equipo de Macri lo prepara durante varios días y presta atención incluso a los detalles gestuales, como el beso de Macri a su esposa Juliana Awada, que en las presidenciales de 2015 sirvió para contrastarlo con la frialdad que había entre Scioli y Karina Rabolini”. (Nota del 21/08/19). 

Como lo muestra ese caso, las remanidas “propuestas” -para cuya formulación supuestamente sería necesario ese tipo de polémica entre candidatos- son una excusa para justificar el formato pero de ninguna manera su motivación real. 

“Fortalecer la democracia”

Las causas verdaderas de los “debates” son los negocios de las empresas info-comunicacionales, que “viven” del consumo de discursos públicos que circulan por toda la sociedad en distintas variantes: a través de los medios tradicionales (televisión, radio, medios impresos), así como mediante plataformas informativas en Internet y el infinito mundo de las redes, sistemas de mensajería telefónica y demás dispositivos de la comunicación digital. 

En cualquiera de los múltiples soportes tecnológicos y formatos comunicacionales, existen empresas que facturan publicidad y recaudan más dinero a medida que mayor cantidad de consumidoras/es son receptoras/es de sus productos/mensajes.

Esa es la base de funcionamiento de la comunicación de masas en una sociedad capitalista, y es la lógica que sustenta al funcionamiento de los sistemas mediáticos comerciales. Más audiencias es más publicidad, y más publicidad es mejor negocio. 

Complementariamente, de los afamados “debates” también “viven” -económicamente- los/las integrantes del personal técnico y especializado ligado a la actividad política profesional: expertos/as en marketing político, asesores/as, consultores/as, encuestadores/as, publicistas, periodistas, trabajadores/as de la comunicación, etc. etc.

Los efectos son una mayor frivolización de la discusión pública y la transformación de las disputas por intereses en un espectáculo parecido a las competencias deportivas. De hecho, apenas concluido empieza de inmediato una nueva deliberación sobre quién ganó y quién perdió. Sin embargo, a ese entretenimiento masivo -legítimo como tal- se lo disfraza con un carácter casi sagrado de importancia “cívica”, ciudadana, republicana, democrática.

Pretender que el formato “debate” entre candidatos/as constituye un pilar esencial de la democracia y es imprescindible para ejercer los derechos ciudadanos, es un argumento tramposo y además es ridículo. Democracia significa “gobierno del pueblo”, y su vigor y fortaleza -aún planteados como ideales a alcanzar, más allá de la factibilidad o no de hacerlos realidad- dependen de la participación y organización popular para defender sus intereses. 

Por ejemplo, en la Constitución de la Nación argentina están previstos mecanismos que en la teoría política y del derecho se denominan “de democracia semi-directa”, como es el de “consulta popular” (artículo 40, el cual dispone que “el Congreso (…) podrá someter a consulta popular un proyecto de ley”, y “el voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la Nación lo convertirá en ley y su promulgación será automática”). Esto es similar a lo que en otros países suele llamarse “plebiscito”, “referendo” o “referéndum”. Otro es el “derecho de iniciativa” (según el artículo 39, “para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados” y a los cuales “El Congreso deberá darles expreso tratamiento dentro del término de doce meses”).  

Ambos procedimientos establecen formas de protagonismo social directo para resolver por vías pacíficas, civilizadas y democráticas los asuntos de interés colectivo que susciten mayores controversias y conflictos en la sociedad. Sin embargo, se trata de disposiciones constitucionales jamás reglamentadas ni puestas en práctica. Olvidadas e ignoradas. Letra muerta en el texto de la Constitución. (Acerca del tema, el mismo autor de esta nota publicó sus consideraciones en hace algo más de tres años, en los primeros meses de la etapa macrista. Nota del 28/07/16). 

Obligatoriedad

Los espectáculos televisivos, a pesar de la creencia generalizada en contrario, no tienen nada que ver con fortalecer al poder democrático ni con la transparencia electoral ni con la difusión de las remanidas “propuestas de los candidatos”, sino solo con el predominio del formato audiovisual y de las técnicas de marketing como factores determinantes de la comunicación política contemporánea.

La obligatoriedad de los “debates” es absurda. Cada postulante debiera tener la libertad de adoptar las estrategias de comunicación más convenientes a sus objetivos políticos. El criterio según cual “es una obligación republicana” exponer “propuestas” en un “debate”, somete a la política democrática a la lógica del negocio info-comunicacional y convierte a la disputa electoral en un espectáculo y un entretenimiento televisivo.

En las sociedades actuales se puede debatir continuamente, las 24 horas de todos los días de la vida, y sobre las más infinitas y diversas temáticas que los seres humanos deseen. En ese contexto, consciente o inconscientemente toda persona está expuesta, en mayor o menor medida, a recibir mensajes que llevan implícitas ciertas cargas ideológicas y determinados posicionamientos políticos en periodos electorales.

No hace falta obligatoriedad ninguna de debates televisivos. En esta ocasión se harán dos, por primera vez debido a exigencias de una ley, y probablemente ese formato quede implantado definitivamente. Y en tal caso, la democracia no habrá mejorado en nada.

Mejor sería que los medios no se dediquen a instalar en la agenda pública los escándalos que “venden” por su buen rating en las mediciones de audiencias -como el programa televisivo “Intratables”, por citar un ejemplo entre cientos-, sino aquellos que nutren a los públicos en su desarrollo personal, espiritual, estético, intelectual, cívico, etc. 

Es decir, mejor sería que los discursos mediáticos, en general, no estuvieran sometidos a la lógica comercial y que la información no fuera una mercancía. Esto significa democratizar la propiedad y gestión de los medios de comunicación, como lo proponía la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, cuyas cláusulas esenciales fueron derogadas de facto e impunemente -mediante decreto presidencial- por el régimen de derecha que encabeza Macri.